“El rol de la víctima en el moderno sistema procesal penal acusatorio”

 

Dr. Sergio Correa García

 

 

 

 

 

 

 

 Introducción

 

Es para mí motivo de gran satisfacción participar en estas conferencias con el tema: “El rol de la víctima en el moderno sistema penal acusatorio”, temática que implica tres grandes problemáticas: por un lado, las víctimas del delito y del abuso de poder; y, por el otro, la urgencia de construir un sistema de justicia a partir de un moderno sistema procesal penal acusatorio, que parta, a su vez, de los principios propios de un Estado constitucional y social de derecho. Implica también, incorporar la justicia restaurativa con el propósito de que los derechos de la víctima sean atendidos por instancias de justicia alternativa, como la mediación.

 

Esta intervención se sistematiza de la siguiente manera: en primer término, veremos los contenidos conceptuales, los antecedentes y contenidos relevantes de la Victimología; en segundo lugar, comentaremos las características más importantes de los sistemas procesales: inquisitivo, acusatorio y mixto; en tercer término desarrollaremos el papel de la víctima en el moderno sistema procesal acusatorio y en cuarto lugar veremos el papel de la víctima en la justicia alternativa.

 

1.- La Víctima y la Victimología

La Victimología se definió en el I Simposio Internacional celebrado en Jerusalén (1973) como: "el estudio científico de las víctimas", y más específicamente según Gulotta como "la disciplina que tiene por objeto el estudio de la víctima de un delito, de su personalidad, de sus características biológicas, psicológicas, morales, sociales y culturales, de sus relaciones con el delincuente y del papel que ha desempeñado en la génesis del delito".

La justicia penal tiene como objetivo castigar los actos contrarios a derecho, con lo cual el Derecho Penal está orientado hacia el delincuente quedando la víctima en una situación marginal o simplemente limitada a la participación como testigo en el esclarecimiento de los hechos, dejando totalmente de lado la conformación de su propio proceso de victimización: entender qué ha pasado y por qué ha pasado. Pero no sólo entender su drama, sino también ejercer sus derechos de acceso a la justicia, de restitución, reparación y de restauración como de asistencia y de orientación en todo momento procesal.

La Victimología es una ciencia muy nueva. Todavía sus postulados, teorías, incluso su objeto no están perfectamente delimitados. Desde la 2ª Guerra Mundial e incluso en los años 70 es cuando surge en serio como ciencia.

La primera vez que aparece un estudio a nivel teórico es en 1948 con la obra de VON HENTING "The Criminal and his victim" (El criminal y su víctima). Será a partir de los años setenta cuando comienzan a realizarse estudios con autonomía sobre la víctima, surgiendo la "Victimología" cobrando fuerza, incluso como asignatura, dentro de los estudios de Criminología.

En la actualidad, sobre todo a partir de finales de los años ochenta y principios de los noventa -por influencia de la doctrina alemana e italiana-, se empezó a estudiar la Victima-dogmática" que supone incluir parámetros dogmáticos dentro de la estructura del Derecho Penal de corte victimológico.

Respecto a la Victimología, han existido discusiones entre distintos autores acerca de su denominación, sin embargo dicha polémica es absolutamente estéril. El término "Victimología" se acuña en el I Simposio Internacional de Jerusalén sobre lo que se denominó: "el estudio científico de las victimas".

Como movimiento científico se promueve el estudio de la víctima en la etiología del delito, a fin de que el mismo vaya más allá del tratamiento económico en relación con las víctimas intentando separar los problemas teórico-dogmáticas en la etiología del delito y lo que son problemas meramente indemnizatorios. La Victimología no tiene como único objetivo un tratamiento humanitario respeto a la víctima, pretende desarrollar mediante un estudio en profundidad de la víctima una serie de reglas y principios comunes que supongan un beneficio para el avance y evolución, tanto de las ciencias criminológicas como de las jurídicas, permitiendo una mejor comprensión del fenómeno criminal, de la dinámica criminógena y de la personalidad del delincuente.

A nivel internacional, se asumen hoy como propios de la Victimología los objetivos que en la década de los ochenta, en concreto los siguientes:

1) Desarrollar un análisis pormenorizado del papel que las víctimas desempeñan en el desencadenamiento del fenómeno criminal ("Víctima provocadora").

2) Análisis de los modelos posibles en torno a la asistencia jurídica, psicológica y terapéutica de las victimas.

3) Investigación de los temores sectoriales a nivel de la victimización.

4) Examen de la criminalidad real a partir de los informes de las víctimas sobre delitos no perseguidos, es lo que se conoce como de la cifra negra de los delitos, la denominada "criminalidad oculta".

5) Resaltar la importancia de la actitud "de, para, o con la víctima" a la hora de concretar la pena en cada delito.

Toda la evolución del Estado Moderno es un continuo proceso de neutralización de la víctima o de sus familiares al producirse la asunción del "ius puniendi" por el Estado, separándose así el interés directo de la víctima de la administración de justicia (entendida esta en el más amplio sentido); en consecuencia, al monopolizar el Estado la acción punitiva, la actividad de la víctima va perdiendo cada vez más protagonismo quedando escasos reductos de la misma en el ámbito jurídico penal entre los que cabe citar: la legítima defensa, los delitos perseguibles a instancia de parte, el perdón del ofendido etcétera...

Sin embargo, en un Estado Democrático el pleno funcionamiento de la Administración de Justicia no se contrapone al avance en el estudio de la prevención victimal, generando sistemas y modelos de ayuda tendentes tanto a indemnizar económicamente a las victimas, como a influir en la elaboración de las leyes y del sistema jurídico en general. Por ello el sistema se ha ido perfeccionando con el estudio de la victima sin que resulten en modo alguno incompatibles el estudio y valoración de las perspectivas victimales con el pleno funcionamiento de las leyes, pues el estudio victimológico ayuda a avanzar en el estudio criminal y delictivo, produciéndose lo que se ha denominado "EL RESURGIR DE LA VÍCTIMA".

Olvido cientifico de la victima:

La palabra Victimología es un neologismo que se acuñó a finales de los años 1940, primero en inglés y después en francés (Victimology/Victimoligie). La Victimología se definió por primera vez en el primer simposio internacional en 1973. Se decía que la Victimología era el estudio científico de las víctimas. Primer problema: definir qué es víctima, lo que es bastante difícil o complicado.

El concepto de Victimología no es pacífico ya que los autores le asignan un objeto de estudio en ocasiones muy diferente. Gulotta, definió a la Victimología como: “la disciplina que tiene por objeto de estudio la víctima de un delito, su personalidad, características biológicas, psicológicas, morales, sociales y culturales, sus relaciones con el delincuente y el papel que ha desempeñado en la génesis del delito”. Habrá autores que no sólo incluyan las víctimas de delitos sino de hechos antijurídicos, de catástrofes naturales etcétera.

En el s XIX, a finales, se comenzó a estudiar científicamente y en profundidad el delincuente mientras que recientemente, sobre los años 1970, se ha empezado a estudiar seriamente, científicamente, la figura de la víctima, con lo cual volver a incidir en la idea de que la Victimología es una ciencia muy nueva, imperfecta, que está de moda, que últimamente ha tenido impulsos importantes pero cuyos postulados son todavía muy discutibles. En sus orígenes, la Victimología estudiaba fundamentalmente las relaciones entre la víctima y el delincuente. Hoy, este objeto de estudio se ha ampliado notablemente.

Hoy abarca otras cuestiones, no sólo su papel en la comisión del crimen. Se ocupa hoy en día la Victimología, ampliando el objeto de estudio, además de las relaciones delincuente-víctima :

- Se ocupa del papel desempeñado por la víctima en la génesis o desencadenamiento del delito y ello implica ver qué relación tiene con el delincuente. También hay delitos en que no hay relación previa. Por ejemplo un atraco. Pero habitualmente se da una relación, es muy común.

- Se ocupa también de la asistencia terapéutica: psicológica, social, jurídica.

- El problema de las indemnizaciones por los daños sufridos.

- La Victimología también examina la criminalidad real mediante los informes facilitados por las víctimas incluso de los delitos no perseguidos, no denunciados. Son las encuestas de victimización.

- También estudia la importancia de las víctimas en el Derecho Penal (DP) y en la determinación de la pena. Luego hay una ampliación notable del objeto de estudio.

El nacimiento de la Victimología se vincula a las preocupaciones de algunos estudiosos de la Criminología y de la Sociología Criminal por la víctima del delito, su personalidad y sobre todo por su relación con el delincuente. Hasta la consolidación de la Victimología, la víctima había sido totalmente despreciada por el Derecho Penal, el Derecho Procesal Penal, la Política Criminal e incluso por la Criminología.

El origen de este profundo desprecio hacia la víctima o la llamada “neutralización de la víctima”, surge cuando se implanta el Derecho Penal estatal o “ius puniendi”. Esto sucede aproximadamente en el s. XVIII. El “ius puniendi  supone que el Estado es el encargado de enjuiciar e imponer la pena al delincuente, superándose la idea anterior de la venganza privada por parte de la víctima o de sus familiares. Como es sabido, con anterioridad a este momento histórico la venganza privada por parte de la víctima o de sus familiares era socialmente aprobada.

De esta manera las propias víctimas eran las que administraban Justicia y no el Estado, siendo, por tanto, las víctimas verdaderas protagonistas en esa antigua administración de Justicia. Sin embargo, como hemos dicho, con la llegada del Derecho penal la Justicia va a ser administrada por el Estado sin que quepa la práctica de la venganza por parte de la víctima o de sus familiares. Con ello, se pretendía superar las arbitrariedades, las injusticias que realizaban las víctimas o sus familiares contra el delincuente. Sin embargo la víctima cayó en el olvido, se le prohibió la venganza y poco a poco su papel fue desapareciendo hasta prácticamente difuminarse.

Hay que indicar que en épocas anteriores, sobre todo en sistemas de origen germánico, en los que la víctima o sus familiares tenían la obligación, por ejemplo, de vengar una muerte con la muerte del agresor o cobrar una suma de dinero que se repartían entre todos, es un ejemplo del papel tan importante que en otros tiempos tuvo la víctima en la Administración de Justicia. Tras el surgimiento de este Derecho Penal estatal una de las pocas cosas que se estudiaban en relación a las víctimas era la responsabilidad civil derivada del delito, es decir, la obligación del delincuente de reparar los daños causados a la víctima.

Como hemos visto, el problema surge en muchos casos cuando el delincuente es insolvente y no puede indemnizar a la víctima. Algunas razones adicionales que también se han esgrimido como causa del olvido de las víctimas son:

- Se dice que hay una identificación con el delincuente ya que éste representa un sujeto sin inhibiciones que realiza lo que desea sin importarles la norma, la sociedad o la víctima. Gran parte de la sociedad alguna vez ha deseado cometer algún delito. Por ejemplo evadir impuestos, lesionar… Hay una tendencia psicológica a identificarse con el delincuente. Es por esto que se afirma la existencia de esa identificación con el delincuente, con quien se atreve a realizar lo que nosotros nunca haríamos. Sin embargo, nadie o casi nadie se identifica con la víctima, nadie quiere serlo. Además, el criminal despierta sentimientos morbosos de curiosidad. De hecho, muchos criminales pasan a la Historia pero muy pocas víctimas lo hacen.

- El delincuente inspira temor porque existe el riesgo en muchas ocasiones de que la conducta delictiva pueda repetirse y por eso los estudios y medios del Estado se centran en la figura del criminal para que éste no sea un peligro para la sociedad.

- Las víctimas en cierta medida representan el fracaso del Estado al proteger los intereses colectivos. Es por ello que conviene olvidar a ciertas víctimas ya que al Estado no les conviene resaltarlas.

- El concepto de bien jurídico se dice que también influyó al olvido de las víctimas porque el ataque a los bienes jurídicos de contenido abstracto que supone el delito quedaba desconectado de la realidad de la víctima. En definitiva se estaba construyendo un concepto de bien jurídico desconectado de la realidad de esas víctimas.

Redescubrimiento y nuevo posicionamiento de la victima

Origenes del movimiento victimologico

Tras la 2ª Guerra Mundial se produce la aproximación científica hacia las víctimas. En esas fechas comienzan los estudiosos a interesarse desde el punto de vista científico por las víctimas. Como vemos, se trata de una ciencia muy joven. Entre los pioneros de la Victimología se suelen citar a H. Von Hentig y B. Mendelsohn. Veamos las aportaciones de cada uno de ellos:

- Hentig: curiosamente este autor era un criminólogo alemán, exiliado en los EEUU. Sus obras son consideradas el punto de partida de la Victimología. Este autor se centró en las causas del delito y por ello destacó la importancia de la relación del delincuente con la víctima y configuró el concepto de “pareja criminal” obviamente formada por el delincuente y la víctima. Desde ese momento se comienza a pensar que existen muchos delitos que no se pueden explicar sin tener en cuenta la relación criminal-víctima (estafas, violencia de género etc…) ya que muchas veces, en cierta medida, la víctima coopera o incluso provoca el hecho criminal (insultos y como resultado una lesión). La cuestión fundamental y lo difícil es saber en qué medida la víctima contribuye a la comisión del delito. Recordemos que su primera obra es de 1948 “The criminal and his victim”. En esta obra es donde se hace la primera clasificación de las víctimas prestando atención este autor a los menores, mujeres, ancianos, deficientes mentales, inmigrantes y a la actitud o a la conducta de la víctima frente al agresor.

- Mendelsohn: es otro de los pioneros o padres de la Victimología. Curiosamente también este autor era israelita, en concreto, era abogado en Jerusalén. Se dice que este autor fue el creador de la palabra “Victimología”. Va más allá este autor que Von Hentig ya que afirma y reafirma que la Victimología debe ocuparse de todo tipo de víctimas y no sólo de las víctimas de los delitos. Por lo tanto, la Victimología se ocuparía no sólo de las víctimas de los delitos sino también de las víctimas de catástrofes naturales. De todas maneras este autor también se fija en la “pareja criminal” y en esta relación criminal destaca dos momentos fundamentales:

a) Antes de la comisión del delito: en este momento el criminal y la víctima, en muchas ocasiones, se atraen debido a sus relaciones sociales aunque en otras ocasiones los dos son indiferentes, no hay atracción como por ejemplo un delincuente que escoge víctimas absolutamente indiferenciadas.

b) Después de la comisión del delito: en este momento ambas partes representan intereses contrapuestos, en conflicto. Mendelsohn realizó en su día una clasificación de las víctimas que ha sido tenida en cuenta por muchos autores posteriores. En su clasificación incluye 5 tipos de víctimas (existe un nivel mayor de participación progresivamente en esta clasificación):

- Víctima ideal: es aquella que no ha hecho absolutamente nada para provocar la acción criminal. Ej- los niños, víctimas indiscriminadas en atentados, atracos etcétera.

- Víctima por ignorancia: es la que irreflexivamente provoca su propia victimización al facilitar la acción del agresor. Ej- el que se deja las puertas abiertas.

- Víctima provocadora: incita con su conducta la producción del delito, lo provoca. Ej- insultos y agresiones.

- Víctima voluntaria: incluye aquellos casos de colaboración todavía mayor con el delincuente, voluntariamente consentiría la comisión del delito. Ej- eutanasia.

- Víctima agresora: la que denuncia falsamente: delito de denuncia o acusación falsa.

Distingue dentro este autor dos subtipos:

a) Víctima simuladora: acusa falsamente y ello implica el delito de acusación falsa

b) Víctima imaginaria: inventa o imagina su condición de víctima cuando no se ha producido ningún delito. Delirios de persecución, paranoias, algunos casos de esquizofrenia.

En 1984, Neuman, creó otra clasificación de las víctimas más moderna. Distingue cuatro grupos de víctimas:

- Víctimas individuales: diferencia las que carecen de actitud victimal y aquellas que sí tienen actitud victimal porque cooperan de forma dolosa o culposa a la producción del delito.

- Víctimas familiares: todas aquellas víctimas dentro del ámbito de la unidad familiar (parientes o con relación análoga de afectividad). Especialmente niños, ancianos.

- Víctimas colectivas: introduce aquí a la propia nación, Estado (ej- golpes de Estado, rebeliones). Son víctimas no tangibles en algunos supuestos. También incluye a la propia sociedad como víctima: genocidios. También incluye en este grupo a determinados grupos sociales lesionados en sus derechos a través del sistema penal Ej- excesos en centros de prisiones, calabozos, torturas.

- Víctimas sociales: son colectivos que el propio sistema social convierte en víctimas. Ej- marginados, minusválidos, ancianos, minorías étnicas, raciales, religiosas. Incluso el propio delincuente a veces es una víctima social, producto de la marginación social.

En síntesis podemos decir que las víctimas del delito y del abuso de poder son fruto de la democracia y el proceso de reconocimiento de las víctimas pasa por la construcción de sistemas penales inspirados en un Estado constitucional, social de derecho. Por lo mismo, la tarea de democratización de la sociedad, sobre todo latinoamericana, deberá pasar por el fortalecimiento del sistema procesal de tipo acusatorio, mismo que garantiza los derechos de los delincuentes y de las víctimas, garantiza el conocimiento de la verdad histórica y se abre a la efectiva incorporación de garantías y derechos procesales.

2.- Los sistemas procesales: inquisitivo, acusatorio y mixto.

En la doctrina se distinguen tres tipos de sistemas procesales: el inquisitivo, el acusatorio y el mixto.

Veamos las características más importantes de cada uno de ellos:

Sistema inquisitivo:

A: En relación con la acusación:

a)      El acusador se identifica con el juez

b)      La acusación es oficiosa

B: En relación con la defensa:

a)      La defensa se encuentra entregada al juez

b)      El acusado no puede ser patrocinado por su defensor

c)      La defensa es limitada

C: En relación con la decisión:

a)      La acusación, la defensa y la decisión se concentran en el juez

b)      El juez tiene una amplia discreción en lo tocante a los medios probatorios aceptables.

 

En lo relacionado a las formas de expresión, prevalece lo escrito sobre lo oral y la instrucción y el juicio son secretos. En el sistema inquisitivo prevalece el interés social sobre el interés particular. Oficiosamente  principia y continúa todas las indagaciones  necesarias.  Se desvirtúa la teoría general de la prueba, la cual engendra la obtención de la confesión mediante el tormento.

Sistema acusatorio:

A: En relación con la acusación

a)      El acusador es distinto al juez y del defensor. La que realiza la función acusatoria es una autoridad diferente de las que realizan las funciones defensiva y decisoria

b)      El acusador no está representado por un órgano especial

c)      La acusación no es oficiosa (allí donde no hay acusador o demandante, no hay juez)

d)      El acusador puede ser representado por cualquier persona

e)      Existe libertad de prueba en la acusación.

 

B: En relación con la defensa

a)      La defensa se encuentra entregada al juez

b)      El acusado puede ser patrocinado por  cualquier persona

c)      Existe libertad de defensa

C: En relación con la decisión

a)      El juez exclusivamente tiene funciones decisorias.

Sistema mixto:

a)      La acusación está reservada a un órgano del Estado

b)      La instrucción se acerca mucho a la del sistema inquisitivo, prevaleciendo, como formas de expresión, la escrita y secreta, y

c)      El debate se inclina hacia el sistema acusatorio, y es público y oral.

 

Consideramos que la dicotomía   <<acusatorio/inquisitivo>> es útil en la medida en que designa una doble alternativa: ante todo, la que se da entre dos modelos opuestos de organización judicial y, en consecuencia, entre dos figuras de juez; y, en segundo lugar, la que existe entre dos métodos de averiguación judicial igualmente contrapuestos y, por tanto, entre dos tipos de juicio.  Se puede denominar acusatorio a todo sistema procesal que concibe al juez como un sujeto pasivo rígidamente separado de las partes y al juicio como a una contienda entre iguales iniciada por la acusación, a la que compete la carga de la prueba, enfrentada a la defensa en un juicio contradictorio, oral y público y resuelta por el juez según su libre convicción. A la inversa, el sistema inquisitivo, el juez procede de oficio a la búsqueda, recolección y valoración de las pruebas, llegándose a juicio después de una instrucción escrita y secreta de la que están excluidas o, en cualquier caso, limitados la contradicción y los derechos de defensa.  Por otra parte, es claro que a los dos modelos se pueden asociar sistemas diversos de garantías, tanto orgánicas como procesales: si el sistema acusatorio favorece modelos de juez popular y procedimientos que valorizan el juicio contradictorio como método de investigación de la verdad, el sistema inquisitivo tiende a privilegiar estructuras judiciales burocratizadas y procedimientos fundados en poderes de instrucción del juez, acaso compensados por vínculos de pruebas legales y por pluralidad de grados de enjuiciamiento.

Cabe señalar, por otra parte, que la separación del juez y acusación es el más importante de todos los elementos constitutivos del modelo teórico acusatorio, como prepuesto estructural y lógico de todos los demás. Esta separación requerida por el axioma nullum indicium sine accusatione, es la base de las garantías orgánicas del sistema de justicia penal. Implica no sólo la diferenciación entre los sujetos que desarrollan funciones de enjuiciamiento y las que tienen las atribuídas de postulación –con la consiguiente calidad de espectadores pasivos y desinteresados reservada a los primeros como consecuencia de la prohibición ne procedat index ex officio- , sino también, y sobre todo, el papel de parte –en posición de paridad con la defensa- asignado al órgano de la acusación, con la consiguiente falta de poder alguno sobre la persona del imputado. La garantía de separación, así entendida, representa una condición esencial de la imparcialidad del juez respecto a las partes de la causa; pero, además, implica un presupuesto de la carga de la imputación y de la prueba, que pesan sobre la acusación, que son las primeras garantías procesales del juicio.

Cabe señalar, al respecto, que desde una perspectiva histórica, la construcción de los sistemas inquisitivo/acusatorio ha sido impreciso. A partir de mediados del siglo XX, la Organización de las Naciones Unidas empezó a poner atención en la organización del sistema penal. Un poco más tarde, este organismo confeccionaría importantes documentos jurídicos que fueron signados por los Estados miembros y que en la actualidad representan un  movimiento importante de codificación mundial en el que se empieza a poner a la víctima en el centro de atención del drama penal. Estos documentos regulan precisamente el papel de la víctima en el moderno proceso penal acusatorio. Veremos también los avances que se han tenido en nuestro ámbito nacional en la incorporación de los derechos de las víctimas en el proceso penal (principalmente la reforma constitucional en la materia y la legislación para el Distrito Federal).

 

3.- La víctima en el moderno sistema procesal penal acusatorio

3.1.- El papel de la víctima en el moderno sistema procesal acusatorio.

Veremos en este punto diversos documentos jurídicos internacionales elaborados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de víctimas y abuso de poder, mismos que sintetizan las políticas generales de protección victimal y, en especial, el papel que debe tener la víctima en los modernos sistemas procesales de hoy en día. De igual manera, y por lo que corresponde a nuestra legislación vigente en la materia analizaremos algunos contenidos de la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal.

3.1.1.- Normas relativas a la protección de las víctimas del delito y del abuso de poder

En este rubro encontramos instrumentos jurídicos altamente significativos en cuanto al avance que, en el mundo, se ha registrado, a partir de la década 1980, en materia de prevención y protección victimales. En este rubro se incluyen instrumentos tales como:

La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder (Resolución 40/34 de la Asamblea General); la Aplicación de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder (Resolución 1989/57 del Consejo Económico y Social); Victimas de delitos y del abuso de poder (Resolución 1990/22 del Consejo Económico y Social) y Protección de los derechos humanos de las víctimas de la delincuencia y del abuso de poder y la Decisión Marco del Consejo de Europa de marzo de 2001 relativa al Estatuto de la Víctima en el Proceso Penal.

A nivel nacional, veremos las disposiciones constitucionales en materia victimológica; la regulación que hace el código adjetivo para el Distrito Federal en la materia que comentamos y la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal.

Regulación internacional

3.1.1.1.- La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las  víctimas de delitos y del abuso de poder (Resolución 40/34 de la Asamblea General)

Esta Declaración fue aprobada por la Asamblea General en su sesión plenaria 96ª, el 29 de noviembre de 1985.

La Declaración insta a los Estados Miembros a: implementar políticas sociales, sanitarias, incluida la salud mental, educativas y económicas e incluso políticas orientadas a la prevención del delito con la finalidad de disminuir la victimización y alentar la asistencia a las víctimas que la necesiten; promover los esfuerzos de la comunidad y la participación de la población en la prevención del delito; revisar y actualizar la legislación en materia preventiva del delito y de la victimización; como para organizar los servicios de asistencia victimales; fomentar la observancia de los códigos de conducta y principios éticos, en particular las normas internacionales, por los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley; eliminar las prácticas y los procedimientos conducentes al abuso, como lugares de detención secretos y la detención con incomunicación; fomentar la cooperación entre los Estados, mediante la asistencia judicial y administrativa mutuas, en temas como: enjuiciamiento de criminales, su extradición y la incautación de bienes para destinarlos a resarcimiento de las víctimas.[1]

También se recomienda que los Estados Miembros tomen medidas concretas para: promover actividades de formación destinadas a fomentar el respeto de las normas y principios de las Naciones Unidas y reducir los posibles abusos; patrocinar investigaciones prácticas de carácter cooperativo sobre los modos de reducir la victimización y ayudar a las víctimas y promover intercambios de información sobre los medios más eficaces de alcanzar estos fines; prestar ayuda a los gobiernos que la soliciten con la finalidad de disminuir la victimización y aliviar la situación de las víctimas y establecer medios para promover recursos a las víctimas cuando los procedimientos nacionales sean insuficientes.[2]

Por otra parte, la Declaración define a la víctima como: las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. También se incluye como víctima, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. (numerales 1 y 2)[3]

En cuanto al acceso a la justicia y trato justo de las víctimas, la Declaración dispone que serán tratadas con respeto a su dignidad y tendrán derecho al acceso de los mecanismos de la justicia y a una expedita reparación del daño conforme a la legislación nacional.

En el sentido precedente, se adaptarán los procedimientos judiciales y administrativos de las víctimas, bajo el siguiente tenor:

<< 6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas:

a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información;

b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente;

c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial;

d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia;

e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas>>.[4]

Finalmente, la Declaración norma otros aspectos también importantes, como: el resarcimiento a la víctima, por parte de los delincuentes o los terceros responsables, relativos a la devolución de los bienes o el pago por los daños o pérdidas sufridos; el reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la victimización; la prestación de servicios y la restitución de derechos. También la indemnización por parte del Estado a las víctimas de delitos que hayan sufrido importantes lesiones corporales o menoscabo de su salud física o mental, como consecuencia de delitos graves; a la familia, en especial a las personas a cargo de las víctimas que hayan muerto o hayan quedado física o mentalmente incapacitadas como consecuencia de la victimización; como también la promoción y el fortalecimiento de fondos públicos para indemnizar a las víctimas, entre otros aspectos.[5]

3.1.1.2.- Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para lasa víctimas de delitos y del abuso de poder (Resolución 40/34 de la Asamblea General)

Este documento fue aprobado por el Consejo Económico y Social en su sesión 15ª  del 24 de mayo de 1989.

Se recomienda a los Estados Miembros la promulgación y aplicación de las disposiciones contenidas en la Declaración en sus respectivos ordenamientos nacionales; la introducción de medidas legislativas que simplifiquen el acceso de las víctimas a la justicia penal para obtener indemnización y reparación; el análisis de métodos y de estrategias para prestar de una forma más eficiente la asistencia a las víctimas, entre otros aspectos.[6]

Recomienda, por otra parte, fomentar la prestación de servicios de asistencia y apoyo a las víctimas de la delincuencia; garantizar la capacitación adecuada del personal de prevención y asistencia victimales; establecer conductos eficaces de comunicación entre las instancias que atienden a las víctimas, como también prohijar programas de sensibilización y difusión de los derechos de las víctimas; atender los programas y las medidas orientadas a la protección de las víctimas; fomentar medidas de evaluación e inspección de los servicios a víctimas; actualizar las medidas legislativas en materia victimal y realizar estudios e investigaciones sobre el fenómeno victimal, entre otros aspectos de importancia.[7]

3.1.1.3.- Víctimas de delitos y del abuso del poder (1990/22)

Se trata de una resolución del Consejo Económico y Social tomada en su 13ª sesión plenaria, el 24 de mayo de 1990.

En ésta solicita al Secretario General que, en forma conjunta con todas las entidades de las Naciones Unidas y otras organizaciones competentes, emprenda y coordine la adopción de medidas necesarias, con un objetivo humanitario; a fin de prevenir y reducir las formas graves de victimización en los casos en que los conductos nacionales para entablar recursos resulten insuficientes, para lo cual podrá: vigilar la situación;  desarrollar e instruir medios para la resolución y el arbitraje de conflictos; promover el acceso de las víctimas a las vías judiciales y a los recursos legales y a colaborar en proporcionar asistencia material, médica y psicosocial a las víctimas o a sus familias.[8]

En su momento, en esta resolución se invita al Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, a que recomiende una amplia difusión de una Guía para los profesionales de la justicia penal, sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de los delitos y del abuso de poder y de información sobre las medidas adoptadas para aplicar la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder.[9]

3.1.1.4.- Protección de los derechos humanos de las víctimas de la delincuencia y del abuso de poder.

Se trata de una resolución adoptada por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal; en la que recomienda que, en la aplicación de dicha resolución, el Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la delincuencia tenga en cuenta las importantes propuestas ya formuladas por la comunidad de organizaciones no gubernamentales interesadas; y exhorta a los Estados a que, en el momento de formular su legislación nacional, tengan en cuenta las disposiciones de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de los delitos y del abuso de poder.[10]

De igual manera, recomienda a los gobiernos que examinen la disponibilidad de servicios de apoyo, tanto públicos como sociales, para las víctimas de la delincuencia y del abuso de poder y que fomenten programas culturales apropiados utilizables para procurar asistencia, información e indemnización con destino a las víctimas precitadas.

Pide también al Secretario General de las Naciones Unidas, que adopte las medidas pertinentes con el propósito de evaluar la posibilidad de establecer un fondo internacional en el marco del programa de las Naciones Unidas de prevención del delito y justicia penal, que tenga la utilidad de indemnizar y prestar asistencia a las víctimas de delitos transnacionales; como para apoyar la investigación, el acopio y la difusión de datos y la elaboración de modelos normativos en la materia a nivel internacional.

También pide a los Estados que adopten medidas para que incorporen en sus universidades y centros de criminología programas de estudio en materia victimológica, como en los centros formativos de procuración y administración de justicia.

De igual manera, recomienda a las Naciones Unidas y demás organizaciones interesadas que fortalezcan la cooperación técnica a fin de coadyuvar con los gobiernos para poner en práctica la Declaración y demás directrices atingentes, como para robustecer la cooperación internacional en estos campos.

 

3.1.1.5.-   Análisis de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985

 

Este documento cuanta con dos grandes apartados: el relativo a las víctimas del delito y el de las víctimas de abuso deponer.

 

En cuanto a las disposiciones relativas a las víctimas del delito, como se ha mencionado, en primer término define lo que es una víctima:

 

A.-Las víctimas de delitos

“1. Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.

 

2. Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la presente Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión "víctima" se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

 

3. Las disposiciones de la presente Declaración serán aplicables a todas las personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, o impedimento físico”.

 

Acceso a la justicia y trato justo

4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.

5. Se establecerá y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos.

6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas:

a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información;

b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente;

c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial;

d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia;

e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas.

7. Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor de las víctimas.

Resarcimiento

8. Los delincuentes o los terceros responsables de su conducta resarcirán equitativamente, cuando proceda, a las víctimas, sus familiares o las personas a su cargo. Ese resarcimiento comprenderá la devolución de los bienes o el pago por los daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la victimización, la prestación de servicios y la restitución de derechos.

9. Los gobiernos revisarán sus prácticas, reglamentaciones y leyes de modo que se considere el resarcimiento como una sentencia posible en los casos penales, además de otras sanciones penales.

10. En los casos en que se causen daños considerables al medio ambiente, el resarcimiento que se exija comprenderá, en la medida de lo posible, la rehabilitación del medio ambiente, la reconstrucción de la infraestructura, la reposición de las instalaciones comunitarias y el reembolso de los gastos de reubicación cuando esos daños causen la disgregación de una comunidad.

11. Cuando funcionarios públicos u otros agentes que actúen a título oficial o cuasioficial hayan violado la legislación penal nacional, las víctimas serán resarcidas por el Estado cuyos funcionarios o agentes hayan sido responsables de los daños causados. En los casos en que ya no exista el gobierno bajo cuya autoridad se produjo la acción u omisión victimizadora, el Estado o gobierno sucesor deberá proveer al resarcimiento de las víctimas.

Indemnización

12. Cuando no sea suficiente la indemnización procedente del delincuente o de otras fuentes, los Estados procurarán indemnizar financieramente:

a) A las víctimas de delitos que hayan sufrido importantes lesiones corporales o menoscabo de su salud física o mental como consecuencia de delitos graves;

b) A la familia, en particular a las personas a cargo, de las víctimas que hayan muerto o hayan quedado física o mentalmente incapacitadas como consecuencia de la victimización.

13. Se fomentará el establecimiento, el reforzamiento y la ampliación de fondos nacionales para indemnizar a las víctimas. Cuando proceda, también podrán establecerse otros fondos con ese propósito, incluidos los casos en los que el Estado de nacionalidad de la víctima no esté en condiciones de indemnizarla por el daño sufrido.

Asistencia

14. Las víctimas recibirán la asistencia material, médica, psicológica y social que sea necesaria, por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios, comunitarios y autóctonos.

15. Se informará a las víctimas de la disponibilidad de servicios sanitarios y sociales y demás asistencia pertinente, y se facilitará su acceso a ellos.

16. Se proporcionará al personal de policía, de justicia, de salud, de servicios sociales y demás personal interesado capacitación que lo haga receptivo a las necesidades de las víctimas y directrices que garanticen una ayuda apropiada y rápida.

17. Al proporcionar servicios y asistencia a las víctimas, se prestará atención a las que tengan necesidades especiales por la índole de los daños sufridos o debido a factores como los mencionados en el párrafo 3 supra.

B.-Las víctimas del abuso de poder

18. Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos.

19. Los Estados considerarán la posibilidad de incorporar a la legislación nacional normas que proscriban los abusos de poder y proporcionen remedios a las víctimas de esos abusos. En particular, esos remedios incluirán el resarcimiento y la indemnización, así como la asistencia y el apoyo materiales, médicos, psicológicos y sociales necesarios.

20. Los Estados considerarán la posibilidad de negociar tratados internacionales multilaterales relativos a las víctimas, definidas en el párrafo 18.

21. Los Estados revisarán periódicamente la legislación y la práctica vigentes para asegurar su adaptación a las circunstancias cambiantes, promulgarán y aplicarán, en su caso, leyes por las cuales se prohíban los actos que constituyan graves abusos de poder político o económico y se fomenten medidas y mecanismos para prevenir esos actos, y establecerán derechos y recursos adecuados para las víctimas de tales actos, facilitándoles su ejercicio.

 

3.1.1.5.- Decisión Marco del Consejo de Europa relativa al Estatuto de la víctima en el proceso penal:

 

A su vez el Consejo de Europa en marzo del 2001 adoptó una decisión marco relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal.

Además de definir a la víctima de una manera muy similar a la realizada por la ONU marca unas pautas para el tratamiento de la víctima:

1)  Respeto y reconocimiento

Aboga por que las víctimas sean tratadas durante todas las actuaciones con respeto a su dignidad personal brindando a aquellas víctimas especialmente vulnerables un trato acorde con su situación.

Además se le han de reconocer a la víctima los derechos e intereses legítimos que le corresponden.

2)   Audición y presentación de las pruebas

Se garantizará a la víctima el ser oída durante todas las actuaciones y facilitar elementos de prueba.

3)   Derecho a recibir información

-    tipo de servicios u organizaciones a los que puede dirigirse para obtener apoyo.

-    El tipo de apoyo que puede recibir.

-    El lugar y modo donde presentar la denuncia

-    Actuaciones siguientes a la denuncia

-    Modo y condiciones para acceder a : asesoramiento jurídico, asistencia jurídica gratuita u otro asesoramiento.

-    Requisitos de indemnización (en el caso que proceda)

-    Si reside en otro estado todos los mecanismos que se hallan a su alcance.

-    Del curso dado a la denuncia

-    De la sentencia del Tribunal.

4)   Garantías de Comunicación

 Garantizar la comunicación, comprensión y participación de la víctima en el proceso penal.

5)    Asistencia específica a la víctima

 La asistencia mencionada en el punto tercero aplicada a la situación específica y en cada caso concreto a la víctima.

6)    Gastos sufragados por la víctima en relación con un proceso penal.

  Todos los gastos que le ha implicado a la víctima participar en el proceso penal en calidad de testigo o como parte.

7)     Derecho a la protección.

Las autoridades han de procurar la seguridad y la protección de la intimidad de la víctima y de su familia siempre que se considere que existe un riesgo grave de represalias o acciones contra la vida privada del afectado.

Esta protección se ha de extender tanto en las dependencias judiciales como en todos los trámites del proceso. Esta medida comprende la habilitación de los juzgados e instancias policiales a fin de asegurar esa protección.

8)      Derecho a la indemnización en el ámbito penal.

Se adoptarán las medidas precisas y sin demora para que el autor del delito indemnice a la víctima del mismo.

9)      Mediación Penal

Búsqueda de la mediación penal en las infracciones que así se prevea con el fin de llegar a un acuerdo proporcionado y satisfactorio entre víctima e infractor.

10)   Víctimas residentes en otro Estado Miembro y cooperación entre Estados Miembros.

Cooperación y  medidas de apoyo para las víctimas que se hallen en otro Estado Miembro. Así como la prestación de todas las garantías que ofrece esta decisión marco.

11)   Servicios especializados y organizaciones de apoyo a la víctima.

Los Estados Miembros se dotarán de las infraestructuras necesarias ya sea mediante personal preparado de los servicios públicos nacionales o mediante el reconocimiento y financiación de organizaciones de apoyo a la víctima.

A su vez este personal u organizaciones de apoyo garantizarán: transmisión de información, acompañamiento de la víctima en el proceso penal... etc.

12)   Formación de las personas que intervienen en las actuaciones o que tienen cualquier contacto con la víctima.

Los Estados Miembros garantizarán la formación adecuada para los profesionales que estén en contacto con las víctimas (en especial cuerpos de seguridad y profesionales del derecho).

13)   Condiciones prácticas relativas a la situación de la víctima durante las actuaciones.

Garantizar un protocolo de actuaciones en cuanto al trato de las víctimas desde el momento inicial hasta la conclusión del proceso penal.

Todas las consideraciones que adopta el Consejo Europeo suponen un avance en el trato de la víctima. Así podemos aventurarnos a manifestar que estamos asistiendo a un proceso irreversible en el que se está produciendo un cambio en la concepción de la víctima, no sólo en la sociedad sino en el derecho penal y en la política criminal.

Regulación nacional

3.1.1.6.- Constitución federal

El artículo 20, Apartado B regula los derechos de las víctimas en el proceso penal de la manera siguiente:

“B. De la víctima o del ofendido:

I.- Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;

II.- Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes.

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

III.- Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;

IV.- Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;

V.- Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos casos, se llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley; y

VI.- Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio”.

 

3.1.1.7.-Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

Por su parte, nuestro Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal regula los derechos de las víctimas en su artículo 9:

Artículo 9o.- Los denunciantes, querellantes y las víctimas u ofendidos por la comisión de un delito tendrán derecho, en la averiguación previa o en el proceso, según corresponda:

 

I. A que el Ministerio Público y sus Auxiliares les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y con la máxima diligencia;

II. A que los servidores públicos los traten con la atención y respeto debido a su dignidad humana absteniéndose de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, abuso o ejercicio indebido de la autoridad;

III. A que ningún servidor público por sí o por interpósita persona les soliciten, acepten o reciban, beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado les otorga por el desempeño de su función;

IV. A presentar cualquier denuncia o querella por hechos probablemente constitutivos de delito y a que el Ministerio Público las reciba;

V. A que se les procure justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querellas, practicando todas las diligencias necesarias para poder determinar la averiguación previa;

VI. A recibir asesoría jurídica por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal respecto de sus denuncias o querellas y, en su caso, a recibir servicio de intérpretes traductores cuando pertenezcan a un grupo étnico o pueblo indígenas, no conozcan o no comprendan bien el idioma español, o padezcan alguna incapacidad que les impida oír o hablar;

VII. A ratificar en el acto de denuncia o querella siempre y cuando exhiban identificación oficial u ofrezcan los testigos de identidad idóneos;

VIII. A contar con todas las facilidades para identificar al probable responsable;

IX. A recibir en forma gratuita copia simple de su denuncia o querella ratificada debidamente o copia certificada cuando la solicite, de conformidad con la previsto por el presente Código y por el Código Financiero del Distrito Federal;

X. A coadyuvar con el Ministerio Público en la integración de la averiguación y en el desarrollo del proceso;

XI. A comprobar ante el Ministerio Público para poner a disposición todos los datos conducentes a acreditar el cuerpo del delito, la responsabilidad del indiciado y el monto del daño y de su reparación y a que el Ministerio Público integre dichos datos a la averiguación;

XII. A tener acceso al expediente para informarse sobre el estado y avance de la averiguación previa;

XIII. A que se le preste la atención médica de urgencia cuando lo requiera;

XIV. A que se realicen el reconocimiento o diligencia de identificación o confrontación en un lugar en el que no puedan ser vistos o identificados por el probable responsable. En los casos de delitos que atenten contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, o en los que el menor sea víctima, el Juez o el Ministerio Público de oficio deberán acordar que la diligencia de confronta o identificación se efectúe en un lugar donde no puedan ser vistos o identificados por el probable responsable;

XV. A que el Ministerio Público solicite debidamente la reparación del daño y a que se les satisfaga cuando ésta proceda;

XVI. A recibir auxilia psicológico en los casos necesarios, y en caso de delitos que atenten contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, a recibir este auxilio por una persona de su mismo sexo;

XVII. A ser restituidos en sus derechos cuando éstos estén acreditados;

XVIII. A quejarse ante la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y a denunciar ante la Fiscalía para Servicios Público o ante cualquier agente del Ministerio Público, por violaciones de los derechos que se señalan, para su investigación y responsabilización debidas;

XIX. A impugnar las determinaciones de no ejercicio de la acción penal; y

XX. En caso de que deseen otorgar el perdón, a ser informadas claramente del significado y la trascendencia jurídica de ese acto.

XXI. A que el Ministerio Público, sus auxiliares y el Juez, mantengan en confidencialidad su domicilio y número telefónico así como el de los testigos de cargo, en caso de delitos graves e igualmente en caso de delitos no graves, cuando así lo solicite.

El sistema de auxilio a la víctima del delito dependerá de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal”.

 

3.1.1.8.- Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal

Este ordenamiento, expedido el 22 de abril del año 2003, reconoce una serie de derechos de las víctimas y obligaciones de las autoridades en esta materia, mismas que a continuación transcribimos:

Artículo 11.- Las víctimas o los ofendidos por la comisión de un delito tendrán derecho, en cualquier etapa del procedimiento, según corresponda:

 

I. A ser enterados oportunamente de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando así lo soliciten, ser informados del desarrollo del procedimiento penal y de las consecuencias legales de sus actuaciones dentro del mismo;

II. A que el Ministerio Público y sus Auxiliares les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y con la máxima diligencia;

III. A que los servidores públicos los traten con la atención y respeto debido a su dignidad humana, absteniéndose de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, abuso o ejercicio indebido de la autoridad;

IV. A que se les procure justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querellas, practicando todas las diligencias necesarias para poder integrar la averiguación previa;

V.  A recibir asesoría jurídica gratuita por parte de la Subprocuraduría, respecto de sus denuncias o querellas y, en su caso, ser auxiliados por interpretes traductores cuando pertenezcan a un grupo étnico o pueblos indígenas, no conozcan o no comprendan bien el idioma español, o padezcan alguna discapacidad que les impida oír o hablar;

VI. A contar con todas las facilidades para identificar al probable responsable;

VII. A recibir en forma, gratuita copia simple de su denuncia o querella ratificada debidamente o copia certificada cuando la solicite, de conformidad con lo previsto por el Código Procesal y por el Código Financiero del Distrito Federal;

VIII. A comparecer ante el Ministerio Público para poner a su disposición todos los datos conducentes a acreditar el cuerpo del delito, la responsabilidad del indiciado y el monto del daño y de su reparación y a que el Ministerio Público integre dichos datos a la averiguación;

IX.  A tener acceso al expediente para informarse sobre el estado y avance del procedimiento;

X.   A que se les preste atención médica y psicológica de urgencia cuando la requieran;

XI. A que el Ministerio Público solicite debidamente la reparación del daño y a que se les satisfaga, cuando ésta proceda;

XII. A recibir auxilio psicológico en los casos necesarios y, en caso de delitos que atenten contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, a recibir este auxilio por una persona de su mismo sexo;

XIII.  A ser restituidos en sus derechos, cuando éstos estén acreditados;

XIV.  A ser informados claramente del significado y la trascendencia jurídica del perdón en caso de que deseen otorgarlo;

XV.  A la no discriminación, motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, por lo que la protección de sus derechos se hará sin distinción alguna;

XVI.  A ser asistidos en las diligencias que se practiquen por persona que ejerza la patria potestad, tutela o cúratela o, en su defecto, por la psicóloga adscrita, cuando la víctima sea menor o incapaz y comparezca ante el Ministerio Público;

XVII. A solicitar el desahogo de las diligencias que, en su caso, correspondan, salvo que el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de determinada diligencia, debiendo éste fundar y motivar su negativa;

XVIII. A solicitar las medidas y providencias para proteger su vida, integridad física y moral, bienes, posesiones o derechos, incluyendo los de familiares directos y de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia, o bien cuando existan datos suficientes que demuestren que éstos pudieran ser afectados por los probables responsables del delito o por terceros implicados; y

XIX. A ser notificados de todas las resoluciones apelables”.

En cuanto a los diferentes servicios institucionales se prevén los siguientes:

Artículo 12.- Proporcionarán atención y apoyo las víctimas u ofendidos del delito, en sus respectivos ámbitos de competencia, las autoridades siguientes:

 

I.- La Procuraduría;

II.- La Secretaría de Salud del Distrito Federal; y

III.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal, y

IV.- La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

 

Artículo 13.- La Procuraduría proporcionará a las víctimas y a los ofendidos de delitos los siguientes servicios:

 

I.- Asesoría Jurídica gratuita, pronta, completa e imparcial, contando con el apoyo de un asesor jurídico que le asista en todos los actos en que deba intervenir para la defensa de sus derechos;

II.- Atención médica y psicológica de urgencia, pudiendo gestionar aquella que no esté en condiciones de proporcionar directamente; o

III.-  Solicitar la reparación del daño, en los casos que ésta proceda.

 

Artículo 14.- La Secretaría de Salud del Distrito Federal y las agencias especiales para la atención de los delitos sexuales, con el fin de lograr el bienestar físico, mental y social otorgará los siguientes servicios:

 

I.  Atención médica, en sus formas preventivas, curativas y de rehabilitación;

II. Asistencia Psicológica;

III. Tratamientos postraumáticos; y

IV. Atención ginecológica para las víctimas de delitos sexuales.

 

Artículo 15.- La Procuraduría y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en el ámbito de su respectiva competencia, proporcionarán asesoría y protección a adultos mayores, menores y personas con alguna discapacidad, que se encuentren en situación de víctimas u ofendidos.

 

Artículo 16.- En los casos de atención y apoyo a las víctimas u ofendidos, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal tendrá las obligaciones que le impone la ley de la materia”.

Por su parte, el programa de atención a víctimas del delito en el Distrito Federal comprende los siguientes puntos, conforme lo estipula le ley en comento en sus artículos 21 y 22:

 

Artículo 21.- La Procuraduría elaborará un Programa de Atención y Apoyo a la Víctimas del Delito, que será aprobado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

La Subprocuraduría y el Consejo evaluarán la ejecución del Programa y sus resultados se someterán a la consideración del Procurador, para los efectos legales a que haya lugar.

 

Artículo 22.- El Programa a que se refiere el artículo anterior comprenderá los siguientes aspectos:

 

I.  Un diagnóstico de servicios a víctimas en el Distrito Federal,

II. La realización de investigaciones victimológicas;

III. Un programa de promoción para el establecimiento de centros, albergues e instituciones para la oportuna y eficaz atención a las víctimas y ofendidos del delito;

IV. Un programa de vinculación de los servicios gubernamentales y no gubernamentales que se brindan a las víctimas del delito en el Distrito Federal, a fin de optimizar los recursos y lograr la protección integral que otorga esta ley;

V.  La propuesta de una estrategia de colaboración interinstitucional;

VI.   La identificación de los mecanismos de enlace con las instancias similares que atienden a víctimas en los Estados de la República Mexicana;

VII.  Una estrategia de comunicación con organismos nacionales dedicados a la planeación y al desarrollo de los programas de protección a las víctimas;

VIII.   El diseño, la programación y el calendario de cursos de sensibilización, capacitación y actualización en temas relativos a la prevención y protección a las víctimas, tanto para el personal de la Procuraduría, como para organizaciones públicas, sociales y de carácter privado que, por razón de sus funciones, tengan trato con víctimas;

IX.   La elaboración de códigos de ética, manuales, instructivos y formatos para brindar un servicio eficiente;

X.   Estrategias de difusión en los medios masivos de comunicación, de los servicios victimológicos, así como de la información que sirva para sensibilizar a la sociedad sobre los problemas de las víctimas;

XI. Elaboración de estrategias para favorecer una cultura de atención y apoyo para las víctimas del delito;

XII.  Establecimiento de los mecanismos de evaluación y seguimiento de las actividades del Consejo”.

 

Por otra parte, se prevé un fondo de atención victimal como lo regulan los artículos 23 a 25: 

 

Artículo 23.- Se crea el Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas y Ofendidos, el cual se integrará con:

 

I.- Los recursos a que se refieren los artículos 41, 50, 51 y cuarto párrafo del artículo 55, todos del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal;

 

II.- Las aportaciones que a este fin hagan en efectivo o en especie los particulares u organismos públicos, privados y sociales, nacionales o extranjeros de manera altruista, mediante los procedimientos respectivos; y

 

III.- Los rendimientos que se obtengan de las inversiones y reinversiones  de los recursos asignados al Fondo.

 

Artículo 24.-  Los recursos del Fondo serán administrados y operados por la Procuraduría por medio de un fideicomiso público.

 

Artículo 25.- Los recursos del Fondo se aplicarán para otorgar apoyos de carácter económico a la víctima u ofendido del delito o, en su caso, a sus derechohabientes, de acuerdo con la naturaleza del delito, sus consecuencias y los propios recursos del Fondo.

 

La Procuraduría determinará el apoyo que corresponda otorgar a la víctima u ofendido del delito, previa opinión que al respecto emita el Consejo”.

 

Las víctimas de igual manera tienen derecho a recibir asistencia médica y psicológica en los siguientes términos, conforme el artículo 27 de la multicitada ley:

 

 

Artículo 27.- La víctima o el ofendido por algún delito tendrán los siguientes derechos:

 

I. A recibir gratuitamente el acceso a la atención y asistencia médica-victimológica de urgencia, cuando así lo necesite, en términos de lo dispuesto por las leyes en la materia;

II.  A recibir atención psicológica en caso necesario;

Para el caso de lesiones, enfermedades y trauma emocional provenientes de un delito, que no pongan en peligro la vida de la víctima u ofendido, la atención médica y psicológica será proporcionada de manera gratuita en la Red de Hospitales Públicos del Gobierno del Distrito Federal, teniendo la obligación los médicos del establecimiento de rendir dictamen haciendo la clasificación legal y señalando el tiempo que dilatare la curación y las consecuencias que dejaron o dando el certificado de sanidad, según el caso;

III.  A recibir gratuitamente tratamiento postraumático para su pronta recuperación física y mental, contando con los servicios especializados necesarios;

IV.  A no ser explorada físicamente si no lo desea, en casos de los delitos de violación y lesiones, quedando estrictamente prohibido cualquier acto de intimidación o fuerza física para este efecto; en caso contrario, cuando así lo solicite, podrá estar acompañada por un familiar o persona de su confianza durante la exploración;

V.  A que la exploración y atención médica, psiquiátrica, ginecológica o de cualquier tipo, cuando se trate de delitos que atenten contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, esté a cargo de persona facultativa de su mismo sexo, salvo cuando solicite lo contrario la víctima o su representante legal;

VI.  A ser atendida en su domicilio por facultativos particulares, independientemente del derecho de visita de los médicos legistas y la obligación de los privados de rendir y ratificar los informes respectivos.

 

Artículo 28.- Las instituciones de salud del Distrito Federal deberán brindar la más amplia ayuda a las víctimas u ofendidos de delitos, cuando éstos se encuentren en precaria situación económica y que hubieren sufrido daños como consecuencia de ellos.

 

Artículo 29.- La Procuraduría, conforme a lo establecido por el Código Procesal, deberá asistir a la víctima o al ofendido del delito para que se le haga efectiva la garantía correspondiente a la reparación del daño en los casos que proceda, así como para que el Ministerio Público o la autoridad judicial, según corresponda, le restituya en el disfrute de sus derechos cuando estén debidamente justificados y se haya acreditado el cuerpo del delito”.

 

4.- El papel de la víctima en la justicia restaurativa

 

4.1.- Un sistema de justicia totalmente represivo que debe dar cabida a la justicia restaurativa.

 

Ya hemos señalado que el sistema de justicia penal está diseñado para la represión exclusivamente. En tal sentido es necesario que la víctima tenga una mayor participación en la aplicación de la ley. Además, se deberá promover una justicia alternativa, cuyas diferencias con la justicia represiva se pueden resumir en los siguientes 13 puntos más importantes, como también la participación de la víctima en este nuevo modelo de justicia:

 

MODELO PUNITIVO

MODELO RESTAURATIVO

1.-El delito definido como atentatorio del estado

2.- Énfasis en la culpabilidad, en el pasado: quién lo hizo para castigarlo

3.- Relación adversarial

4.- Imposición de castigos/ retribución/ sufrimiento/ disuación/ prevención punitiva

5.- Justicia como simples formalismos en la aplicación de la ley (garantías adjetivas)

6.-Exclusión de la comunidad y de la víctima

7.- Promotor de valores competitivos individualistas

8.- El reproche formal a partir de la culpabilidad y del daño ocasionado

9.- La infracción penal vista solamente en su dimensión jurídica. Se soslayan las dimensiones social, familiar, económica, educacional y victimal.

10.-La respuesta del Estado puesta en el pasado de la infracción penal

11.- El “estigma” criminal insuperable

12.- Un proceso volcado a hechos criminales pasados, a la participación del menor en los mismos y a legitimar la represión, la disuasión y la legitimación del castigo

13.-Sistema vicarial (sanciones/medidas). Las medidas contradictorias al modelo retribucionista como reconocimiento indirecto de la especificidad del menor infractor, pero inconsistentes con la problemática de los mismos.

1.-El delito como una afectación victima-victimario

2.- Énfasis en la solución del conflicto: obligación de restaurar (qué se debe hacer a futuro para reconstruir)

3.- Dialogo y negociación normativa

4.- Restitución para reconstruir ambas partes/conciliación/restauración

5.- Justicia como reconocimiento de los derechos de todos y la calidad específica del menor de edad.

6.-La comunidad como facilitadora del proceso de restauración. Atención a la víctima como prioridad.

7.- Promotor de los valores de todos

8.- El reproche formal a partir del reconocimiento por parte del infractor de las consecuencias de violentar la norma y la afectación a la víctima

9.- La infracción penal entendida en todo su contexto

10.-La respuesta del Estado focalizada en la víctima

11.- El “estigma” criminal resuelto en la restauración

12.-Un proceso volcado a la diversificación de las respuestas frente al crimen, a la solución suprapartes de los conflictos, a la promoción de los derechos del menor infractor y los de la víctima

13.- Sistema de medidas consecuentes con la restauración, con la problemática delincuencial, con las necesidades de los menores y con la prevención social del delito

 

 

 

  4.2.- Declaración de Principios Básicos sobre Utilización de Programas de Justicia Restaurativa en Materia Penal. 

Una vez analizadas las diferencias entre ambos modelos de justicia, pasemos a comentar los principios que en materia de justicia restaurativa ha elaborado la Organización de las Naciones Unidas.

Principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en materia penal

 

I.- Definiciones

 

1.    Por “programa de justicia restaurativa” se entiende todo programa que utilice procesos restaurativos e intente lograr resultados restaurativos.

 

2.    Por “proceso restaurativo” se entiende todo proceso en que la víctima, el delincuente y, cuando proceda, cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados por un delito, participen conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, por lo general con la ayuda de un facilitador. Entre los procesos restaurativos se puede incluir la mediación, la conciliación, la celebración de conversaciones y las reuniones para decidir sentencias.

 

3.    Por “resultado restaurativo” se entiende un acuerdo alcanzado como consecuencia de un proceso restaurativo. Entre los resultados restaurativos se pueden incluir respuestas y programas como la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad, encaminados a atender a las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la reintegración de la víctima y del delincuente

 

4.    Por “partes” se entiende la víctima, el delincuente y cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados por un delito que participen en un proceso restaurativo.

 

5.    Por “facilitador” se entiende una persona cuya función es facilitar, de manera justa e imparcial, la participación de las partes en un proceso restaurativo.

 

II.- Utilización de programas de justicia restaurativa.

 

6.    Los programas de justicia restaurativa se pueden utilizar en cualquier etapa del sistema de justicia penal, a reserva de lo dispuesto en la legislación nacional.

 

7.    Los procesos restaurativos deben utilizarse únicamente cuando hay pruebas suficientes para inculpar al delincuente, y con el consentimiento libre y voluntario de la víctima y el delincuente. La víctima y el delincuente podrán retirar ese consentimiento en cualquier momento del proceso. Los acuerdos se alcanzarán en forma voluntaria y sólo contendrán obligaciones razonables y proporcionadas.

 

8.    La víctima y el delincuente normalmente deben estar de acuerdo sobre los hechos fundamentales de un asunto como base para su participación en un proceso restaurativo. La participación del delincuente no se utilizará como prueba de admisión de culpabilidad en procedimientos jurídicos ulteriores.

 

9.    Las diferencias conducentes a una desigualdad de posiciones, así como las diferencias culturales entre las partes, se deben tener en cuenta al someter  un caso a un proceso restaurativo y al llevar a cabo ese proceso.

 

10.              La seguridad de las partes debe ser tenida en cuenta al someter un caso a un proceso restaurativo y al llevar a cabo ese proceso.

 

11.              Cuando los procesos restaurativos no sean un recurso apropiado o posible, el caso deberá remitirse a la justicia penal y se deberá adoptar sin demora una decisión sobre la manera de proceder. En esos casos, los funcionarios de justicia penal se esforzarán por alentar al delincuente a que asuma su responsabilidad para con la víctima y las comunidades afectadas, y apoyarán la reintegración de la víctima y del delincuente en la comunidad.

 

III.- Funcionamiento de los programas de justicia restaurativa.

 

12.              Los Estados Miembros deben considerar la posibilidad de establecer directrices y normas, con base legislativa cuando sea preciso, que rijan la utilización de los programas de justicia restaurativa. Esas directrices y normas deberán respetar los principios básicos aquí enunciados y versarán, entre otras cosas, sobre lo siguiente:

 

a.       Las condiciones para la remisión de casos a los programas de justicia restaurativa;

b.      La gestión de los casos después de un proceso restaurativo;

c.       Las calificaciones, la capacitación y la evaluación de los facilitadores

d.      La administración de los programas de justicia restaurativa

e.       Las normas de competencia y las reglas de conducta que regirán el funcionamiento de los programas de justicia restaurativa.

 

13.              En los programas de justicia restaurativa, y en particular en los procesos restaurativos, deben aplicarse salvaguardias básicas en materia de procedimiento que garanticen la equidad para con el delincuente y la víctima:

 

a.       A reserva de lo dispuesto en la legislación nacional, la víctima y el delincuente deben tener derecho a consultar a un asesor letrado en relación con el proceso restaurativo y, en caso necesario, a servicios de traducción o interpretación. Los menores, además tendrán derecho a la asistencia de los padres o el tutor;

b.      Antes de dar su acuerdo para participar en procesos restaurativos, las partes deben ser plenamente informadas de sus derechos, de la naturaleza del proceso y de las posibles consecuencias de su decisión;

c.       No se debe coaccionar a la víctima ni al delincuente para que participen en procesos restaurativos o acepten resultados restaurativos, ni se los debe inducir a hacerlo por medios desleales.

 

14.              Las conversaciones mantenidas en los procesos restaurativos que no sean públicos tendrán carácter confidencial y no deberán revelarse ulteriormente, salvo acuerdo de las partes o si la legislación nacional dispone otra cosa.

 

15.              Los resultados de los acuerdos dimanantes de programas de justicia restaurativa, cuando proceda, deberán ser supervisados judicialmente o incorporados a decisiones o sentencias judiciales. Cuando así ocurra, los resultados tendrán la misma categoría que cualquier otra decisión o sentencia judicial y deberán excluir la posibilidad de enjuiciamiento por los mismos hechos.

 

16.              Cuando no se llegue a un acuerdo entre las partes, el caso deberá someterse al proceso de justicia penal ordinario y se deberá adoptar sin demora una decisión sobre la forma de proceder. El solo hecho de no haber alcanzado acuerdo no será utilizado en ulteriores procedimientos de justicia penal.

 

17.              El incumplimiento de un acuerdo concertado en el curso de un proceso restaurativo deberá someterse al programa restaurativo o, cuando así lo disponga la legislación nacional, al proceso de justicia penal ordinario, y deberá  adoptarse sin demora una decisión sobre la forma de proceder. El incumplimiento de un acuerdo, distinto de una decisión sobre la forma de proceder. El incumplimiento de un acuerdo, distinto de una decisión o sentencia judicial, no deberá utilizarse como justificación para una condena más severa en ulteriores procedimientos de justicia penal.

 

18.              Los facilitadores deben desempeñar sus funciones de manera imparcial, con el debido respeto a la dignidad de las partes. En ese sentido, velarán por que las partes actúen con mutuo respeto y deberán hacer posible que las partes encuentren una solución pertinente entre sí.

 

19.              Los facilitadores deberán poseer un buen conocimiento de las culturas y las comunidades locales y, cuando proceda,  recibirán capacitación inicial antes de asumir sus funciones de facilitación.

 

 

IV. Desarrollo continuo de los programas de justicia restaurativa

 

20.              Los Estados Miembros deben considerar la posibilidad de formular estrategias y políticas nacionales encaminadas al desarrollo de la justicia restaurativa y a la promoción de una cultura propicia para la utilización de la justicia restaurativa, entre las autoridades policiales, judiciales, y sociales y las comunidades locales.

 

21.              Se deben celebrar consultas periódicas entre las autoridades de justicia penal y los administradores de programas de justicia restaurativa para elaborar una concepción común de los procesos y resultados restaurativos y potenciar su eficacia a fin de acrecentar la medida en que se utilicen programas restaurativos, y estudiar medios de incorporar criterios de tipo restaurativo a las prácticas de justicia penal

 

22.              Los Estados Miembros, en cooperación con la sociedad civil cuando proceda, deberán promover la investigación sobre los programas de justicia restaurativa y su evaluación para determinar en qué medida producen resultados restaurativos, sirven de complemento o alternativa al proceso de justicia penal, y arrojan resultados positivos para todas las partes. Los procesos de justicia restaurativa pueden requerir cambios concretos con el paso del tiempo. Por consiguiente, los Estados Miembros deben alentar la evaluación y modificación periódicas de esos programas. Los resultados de las investigaciones y evaluaciones deberán orientar la ulterior elaboración de políticas y programas

 



[1] Recopilación de instrumentos internacionales de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos y Justicia Penal, p.226.

[2] Recopilación, Op.cit., p.226.

[3] Recopilación, Op.cit., p.226.

[4] Recopilación, Op.cit., p.227.

[5] Recopilación, Op.cit., p.227.

[6] Recopilación, Op.cit., p.228.

[7] Recopilación, Opc.it., p.228.

[8] Recopilación, Op.cit., p.230.

[9] Ibíd..

[10] Recopilación, Op.cit., p.232.